Sobreseída de forma provisional la causa por las muertes del Tarajal

Esta semana que termina nos ha dejado novedades en una de las historias que hemos seguido muy de cerca desde el nacimiento de De Vuelta y Vuelta, la muerte de 15 personas cuando trataban de acceder a nado a Ceuta en la madrugada del 6 de febrero de 2014. La magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, encargada del caso, emitía este jueves un auto judicial en el que se determinaba el sobreseimiento provisional de la causa por los delitos de homicidios y lesiones imprudentes por las que fueron imputados 16 guardias civiles que participaron en el dispositivo de contención en la frontera del Tarajal.

La juez tomaba esta decisión basandose en cuestiones como la relativa al informe con el que se inició la instrucción de este caso y que presentó la organización Caminando Fronteras, un informe en el que se analizaban los hechos y se recopilaban una serie de testimonios de aquella funesta madrugada. La magistrada pone el duda el método de investigación ya que, según explica en el auto, los testigos no están identificados y, además, de las 28 entrevistas efectuadas, solo se grabaron 10. Igualmente la juez también menciona que las conclusiones de este análisis no están corroboradas ni por los informes de los inmigrantes lesionados ni por los de las cinco autopsias realizadas a los cadaveres que llegaron a la costa española.

En lo que se refiere al controvertido uso de material antidisturbio, la magistrada destaca en el auto que no hay ningún indicio que demuestre que los guardias imputados hicieran un uso inadecuado del mismo. Una hipótesis que defendió desde un primer momento la Unión de Guardias Civiles. Precisamente su portavoz y letrado en este caso, Jesús Martín Vázquez, manifestaba ayer mismo su satisfacción con este auto judicial ya que, en su opinión, no se ha presentado nunca ninguna prueba que planteara una ruptura de la presunción de inocencia.El auto judicial también dispone el sobreseimiento libre al delito de prevaricación. Una decisión que, según el abogado que representa a parte de los agentes implicados, demuestra que los guardias civiles actuaron bajo la legalidad vigente y utilizando un material homologado.

En el otro lado, la abogada de la Asociación Coordinadora de Barrios, uno de los colectivos personados en la causa, manifestaba este jueves que se van a presentar alegaciones a este auto judicial ante la Audiencia Provincial de Cádiz e insistía en que el uso que se hizo del material antidisturbio la madrugada del 6 de febrero de 2014 fue totalmente desproporcionado.

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