El debate sobre el aforamiento llega al Gobierno

Por @rbaezruiz

Alberto Ruiz Gallardón / Foto: Ministerio de Justicia

Alberto Ruiz Gallardón / Foto: Ministerio de Justicia

La pasada semana en una entrevista concedida al diario El País, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, proponía reducir drásticamente el número de aforados en nuestro país. La propuesta del Notario Mayor del Reino, consiste en pasar de los 17.621 aforados que actualmente ostentan esta condición a solo 22. Según Ruiz Gallardón, mantendrían el privilegio del aforamiento, el presidente del Gobierno, los presidentes de las Comunidades Autónomas, los presidentes del Congreso y Senado y los titulares del Supremo y del Constitucional.

Esta cuestión ha calado en la sociedad ya que parte de la ciudadanía no entiende por qué los políticos (aunque de la cifra total, solo 2.000 de los aforados se dedican a esta actividad) deben de tener este privilegio a la hora de ser juzgados. El debate está en la calle, pero ¿es en realidad un privilegio? Aquí es donde aparecen las dudas, en un principio puede parecerlo, ya que las personas que poseen este derecho no son juzgadas por los mismos tribunales que juzgan al resto de los mortales, pero por otro lado estas personas, tras ser juzgadas por el órgano superior, pierden la opción de recurrir la sentencia si va en contra de sus intereses.

En los países de nuestro entorno, la situación es diametralmente opuesta a lo que ocurre en España. En Alemania y Reino Unido no existen aforados, en Portugal e Italia solo dispone de este privilegio el presidente de la República y en la vecina Francia, son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

Esta reforma que propone el Ministro de Justicia, y que, por cierto, lleván pidiendo desde hace tiempo muchos partidos de la oposición, llevaría consigo una serie de modificaciones legales que hacen difícil que se pueda producir a corto plazo. En primer lugar habría que modificar la Constitución, que reconoce el aforamiento de los diputados y senadores, en segundo lugar, los Estatutos de las Comunidades Autónomas y en tercer lugar, la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tras estas declaraciones del titular de justicia, las reacciones no tardaban en producierse. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, pedía ir más allá de la propuesta de Gallardón y no dejar ni un solo aforado. Además, añadía que “esta iniciativa no estaría encima de la mesa si no es debido a la presión social y de otras fuerzas políticas”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se mostraba a favor de restringir “al máximo” el número de aforados en España, aunque advertía de que “exige” de una reforma constitucional, además de estatutaria y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otro lado, el coordinador del equipo técnico de Podemos, Luis Alegre, “celebra” que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya propuesto reducir a 22 personas el número de aforados en España, puesto que era uno de los puntos centrales que Podemos presentó a en su “directiva Villarejo” aunque afirmaba que parece una “prueba de nerviosismo que el Partido Popular quiera abordar este tema”.

En definitiva, el debate esta abierto y en este inicio del curso político, que parece que va a ser muy intenso, tendremos mas noticias sobre esta y otras muchas medidas de “regeneración política” anunciada a apenas 8 meses de los comicios municipales y autonómicos. La pregunta es ¿cuántas serán finalmente una realidad?

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