No es país para refugiados

Por @mpereztriano

Imágenes del campamento sirio frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta

Imágenes del campamento sirio frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta / Foto: @LOrtizGomez

Las personas inmigrantes provenientes de Siria son noticia en Ceuta desde hace algún tiempo. En lugar de residir en el Centro de Estancia temporal de Inmigrantes (CETI), ocupan un espacio público, en plena calle, frente a la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, exigiendo su traslado a la península.

Millones de ciudadanos sirios se han visto obligados a huir de sus hogares en los últimos años, debido a la dura guerra civil que asola el país. Aunque la mayoría de estas personas se han trasladado a países de Oriente Próximo, una minoría ha elegido Europa como lugar de destino. Se repite así la historia de otros desplazados, residentes en el CETI, procedentes de países en conflicto como Somalia, Congo o Mali.

Un buen número de los sirios asentados en la Plaza de los Reyes ni siquiera han solicitado asilo en territorio español, lo que hace imposible su reconocimiento como refugiados y su traslado a un Centro de Atención a Refugiados (CAR). Parece más aconsejable que estas personas se trasladen al CETI, hagan uso de sus servicios y soliciten asilo. Aunque el sentido común dice que esta conducta es la más favorable para ellos y la que, por otra parte, siguen el resto de personas inmigrantes que llegan a tierras ceutíes, también es cierto que la política caprichosa y arbitraria que sigue España en esta materia provoca una gran incertidumbre y desesperación.

Desde el 2009, año en el que se modifica la legislación en materia de asilo, las autoridades españoles incumplen la ley sistemáticamente en las ciudades de Ceuta y Melilla. A pesar de las peticiones de la oficina del Defensor del Pueblo, la preocupación de ACNUR y las repetidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España vulnera los derechos fundamentales de las personas que tienen admitida su solicitud de asilo. Suspenden su derecho a circular por todo el territorio nacional, incumpliendo la legislación vigente (la administración aduce la no inclusión de Ceuta y Melilla en el espacio Schengen).

Esta situación es discriminatoria para las personas que solicitan asilo en Ceuta y en Melilla, con respecto a las que lo hacen en cualquier otra ciudad del país. También lo es frente a los inmigrantes económicos, que son incluidos antes en las arbitrarias listas para llegar a la península por razones humanitarias. Mientras, los solicitantes de asilo deben esperar pacientemente a que su petición sea finalmente aceptada y se les conceda alguno de los niveles de protección que indica la ley.

Los ciudadanos acampados piden que en Ceuta se adopte la misma decisión que en Melilla. Desde allí, los sirios fueron trasladados a la península, derivados a centros de estancia de ONG, donde podrán solicitar asilo. Una vez

más, las autoridades actúan como si Ceuta y Melilla no fueran totalmente españolas, sino meras colonias.

Estos hechos no pueden desligarse de las enormes restricciones para lograr protección en Europa. El viejo continente tiene como prioridad blindar sus fronteras, siendo España su alumno más aplicado. De todas las solicitudes de asilo presentadas en Europa en 2013, el 70% se gestionaron entre Alemania, Francia, Suecia, Italia y Reino Unido. España solamente tramitó el 1,03%, a pesar del aumento de solicitudes, provocado en parte por los conflictos de Siria y Mali. Si esto se traduce en números, en el Estado español se aprobó la concesión del Estatuto de Refugiado a 206 personas (376 lograron alguna de las otras formas de protección), frente a las 8.950 de Francia, los 6.750 de Suecia o los 3.910 de Bélgica, según datos del Informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado *. Esta información tan reveladora no deja en muy buen lugar a España.

Puede que los ciudadanos sirios no están cumpliendo las ordenanzas al acampar en la calle, ni su decisión de no solicitar asilo parece muy acertada, pero tampoco el Estado español actúa conforme a la ley ni está a la altura de lo que se espera de un país de la Unión Europea. Por el bien de todos, sobre todo de los niños, hay que convencer a estos ciudadanos para que vuelvan al CETI, pero también se debe exigir al Gobierno español que cumpla la legislación que emana del Parlamento en todo el territorio nacional, también en Ceuta y en Melilla.

* La situación de las personas refugiadas en España. Informe 2014. Resumen ejecutivo. http://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/05/Resumen-Ejecutivo-Informe-2014-de-CEAR.pdf

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